El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la 7ma reunión del Grupo Agua de la cooperación internacional, la cual fue promovida por la ministra del sector, Solángel Fernández; con el objetivo de realizar la presentación del portafolio temático del sector; el plan de gestión y actividades del ministerio que se desarrollarán a corto plazo; el estado de implementación y ejecución de los proyectos que cuentan con el apoyo de las agencias de cooperación; y finalmente, los avances en el desarrollo de la política sectorial y evaluación de los 5 años de la aplicación del nuevo marco legal para el sector.
La reunión dio inicio con las palabras de Alain Bühlmann, quien agradeció la disposición del ministerio para presentar las acciones que tienen en agenda para este primer semestre -antes del cambio de gestión-; resaltando la importancia de este espacio de diálogo e intercambio, y plena disposición a escuchar y apoyar en lo que el sector necesite.
A su turno, la ministra Fernández agradeció la disposición del grupo a apoyar y coordinar constantemente con el sector. Asimismo, comentó que dentro del ministerio se viene impulsando el desarrollo de políticas para el cierre de brechas en el país, de ahí la importancia de estos espacios de diálogo con actores como la cooperación y el sector privado, para lograr disminuir estas brechas. Señaló que la brecha en acceso al agua es muy grande, “más de 3 millones de personas no tienen agua en nuestro país”, indicó; y por ello es necesario que podamos articular todas las acciones para lograr cerrarla. Al respecto indicó que han realizado cálculos para conocer cuánto tiempo e inversión tomará lograrlo, y de acuerdo al presupuesto que recibe el sector anualmente, y si solo se trabaja con los fondos públicos, serían 21 años y medio los necesarios para cerrar estas brechas.
Por eso, recalcó, es muy importante contar con la cooperación del sector privado y la cooperación internacional para implementar acciones en conjunto y lograr los objetivos que se han trazado como Estado. De otro lado, resaltó la importancia del apoyo con el desarrollo innovaciones y nuevas tecnologías, para lograr el abastecimiento de agua para las poblaciones más alejadas, “nosotros con camiones cisterna solo podemos llegar a 1.5 millones de personas, la otra mitad se encuentra muy alejada y no es posible llegar con los camiones, para esa población rural que vive muy alejada necesitamos desarrollar soluciones alternativas, innovaciones tecnológicas que nos ayuden a abastecerlas de agua, a través de filtros o dispositivos de cloración, tanques para la comunidad”.
Señaló la importancia de lograr la articulación y apoyo de la cooperación internacional para lograr llegar a este sector de la población, “sabemos de muchas experiencias valiosas en distintos países que ya han podido tener baños secos útiles y prácticos que puedan ayudar a la población rural o tener soluciones alternativas de captación de agua para esos sectores a los que no podemos llegar, es sumamente importante que empecemos a mirar a la tecnología e innovación como una de las medidas que tenemos que impulsar desde el Estado para poder resolver el problema de acceso al agua”.
De acuerdo a la agenda de la reunión, se realizó una breve presentación de los representantes de las agencias de cooperación presentes: la agencia de cooperación española AECID, la cooperación alemana (Kfw y GIZ), La cooperación japonesa JICA, la agencia francesa, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, EL Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la CAF, y la confederación suiza a través de sus agencias COSUDE y SECO. Seguidamente, el viceministro presentó el portafolio del sector.
Plan de Gestión del Sector – Inversiones públicas
Javier Hernández, viceministro de saneamiento inició su presentación señalando la brecha en infraestructura que se tiene en el sector: “Perú aún tiene un alto déficit de población que no recibe agua potable (red pública), dato sobre la base de la encuesta nacional de programas presupuestales al primer trimestre de 2020, donde indica que 3.2 millones de habitantes no cuentan con agua y 7.3 millones no cuentan con acceso al servicio de alcantarillado o disposición sanitaria de excretas”, indicó. Asimismo, señaló que estos índices se acentúan en el ámbito rural, sobretodo en poblaciones dispersas.
Comentó que respecto al tratamiento de aguas residuales, de las 50 entidades prestadoras de servicios registradas, 18 no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales, en otros casos el agua que sale tratada de las PTAR no cumple con los estándares permitidos y se suma a ello el problema de la contaminación del agua, que, de acuerdo a estudios realizados por el MINSA “más de 400 mil personas que cuentan con servicio de agua, ésta tiene metales pesados, como arsénico, cadmio y plomo”, puntualizó.
Hernández compartió la cartera de proyectos que tiene en curso el sector con fondos del tesoro público, un total de 901 proyectos que implican la ejecución de 1044 millones de soles que permitirán que más de 5.2 millones de personas cuenten con nuevos servicios o mejoren el acceso a ellos. Al respecto, comentó que el 71% de ese presupuesto está siendo ejecutado por los gobiernos locales. Mencionó que además de las inversiones que se desarrollan con fondos públicos, se tiene una cartera de 17 proyectos de asociaciones público-privadas, con una inversión de 7 mil millones de soles aproximadamente, en temas de tratamiento de aguas residuales, obras de cabecera, agua y alcantarillado.
Con relación a “obras por impuestos” resaltó que se tienen 19 proyectos de los cuales, cuatro se encuentran adjudicados y en ejecución, en tratamiento de aguas residuales, sistema de agua y alcantarillado; que beneficiarán alrededor de 170 mil habitantes. Asimismo, mencionó que se tienen además 25 proyectos en temas de saneamiento que alcanzarán una inversión de más de 1200 millones de soles.
Apoyo de las agencias de cooperación al cierre de brechas
El viceministro compartió la cartera de Intervenciones, proyectos y acciones de política de estrategia sectorial que se vienen implementando con el apoyo de las distintas agencias de cooperación, resaltando acciones que vía acuerdos o ayudas memorias se vienen implementando: i)cómo mejoran la gestión frente al cambio climático las EPS, ii) el Convenio de Ejecución del “Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento – PROAGUA II hasta el 2022; con el apoyo de GIZ; iii) el acuerdo interinstitucional entre el MVCS, OTASS, SUNASS en el marco de la cooperación con SECO; iv) el programa de cooperación con UNICEF para el desarrollo del Plan de Acción Multianual; y v) el Convenio de Cooperación Técnica FEXTE Tripartito; todos ellos vigentes al 2021.
Hizo énfasis en los avances que se están alcanzando en el Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural. UGP PIASAR, que se encuentra en ejecución con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, para la ejecución de 100 proyectos en 9 regiones del país, se busca mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de más de 35 mil personas que viven en zonas rurales priorizadas en el país.
Hoja de ruta para el siguiente gobierno
A pesar de ser un gobierno de transición -señaló Hernández-; se ha considerado importante poner en relieve una serie de elementos que ayudarían a lograr inversiones más eficientes y servicios más sostenibles, con lo cual se podría cerrar la brecha de una forma más eficiente. Al respecto señaló que son esos dos factores – sostenibilidad e inversión- parte de los grandes problemas del sector para lograr el cierre de brechas.
En este sentido y en línea a lo señalado por la ministra, Hernández comentó la necesidad e importancia de incorporar otras fuentes de financiamiento, y explorar estrategias que hagan sostenibles los servicios; para ello han identificado 5 elementos que podrían servir como hoja de ruta al siguiente gobierno, que permita que las inversiones en general sean más efectivas, eficientes y se cuente con servicios más sostenibles; además de dejar una cartera de proyectos que están en implementación, que seguirán su curso y probablemente se harán algunas mejoras en la ejecución de los mismos para acortar tiempos.
Si bien existe una política sectorial, se considera necesario hacer unos ajustes. En este sentido, se plantea una política nacional que -sobre la base de lo que existe- se actualice de acuerdo a la metodología aprobada por el CEPLAN y que permitirá llegar hasta la segunda etapa de la actualización de esta (diseño y formulación), para ser entregada al siguiente gobierno. Algunos elementos que tendría esta nueva política nacional, estarían referidos a la asignación de inversiones, asociar el cofinanciamiento a la mejora de los servicios, establecer metas en cuanto a recaudación, en reducción de agua no facturada, mayor micro medición, hitos asociados a la gestión, integración de los municipios urbanos a las EPS, en el caso de proyectos de TAR, incentivos al reúso para el caso de proyectos de tratamiento de aguas residuales; entre otros elementos que se incorporarían en esta nueva política sectorial.
Asimismo, se ha visto la necesidad de elaborar un “libro blanco para el sector saneamiento” que permita evaluar -a partir del 2016 que se da un nuevo marco legal– como es que el marco legal y las inversiones que se han ido realizando y si es posible hacer mejoras. Ello es necesario -señaló- porque han pasado 4 años desde su aprobación (DL 1280) y no se ha realizado ningún balance o evaluación de las reformas planteadas en el sector que permitan retroalimentar y encausar -de ser necesario- las acciones que se implementan. Se espera que en lo que queda de la gestión, avanzar hasta la primera etapa de su elaboración.
“Estamos culminando a formulación del Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025 lo relevante de éste, es que se elabora sobre la base de los planes regionales de saneamiento, y más allá de calcular o estimar cifras por región, lo interesante es que se está involucrando a los gobiernos regionales, para que puedan tener una mirada de planificación sobre su sector y sus espacios geográficos”, indicó. Se ha concebido este plan pensando en que tenga una serie de indicadores que estén asociados a cobertura de agua, sino también a calidad de servicio y con una visión hacia el 2030. Asimismo, manifestó que se están identificando brechas en un sentido más amplio, como por ejemplo en contaminación del agua por metales pesados, calidad del agua por tratamiento de aguas residuales (valores límites permisibles). Señaló que, junto a la programación multianual de inversiones, se espera calendarizar los compromisos de financiamiento que se tienen y servirá además como una herramienta de seguimiento y monitoreo de las acciones que se implementarán.
Respecto a cómo lograr que la población valore los servicios de saneamiento, ya que se ha identificado que existe una alta valoración para el agua, pero no igual al saneamiento, y la idea es poder identificar y estimar la disposición a pagar por mejoras en la prestación de los servicios y cuales serian los determinantes en términos de percepción de la población para con el valor de los servicios de saneamiento. Resaltó que para ello se está desarrollando una estrategia a través de un estudio en el sector urbano y rural para levantar la información que permita la elaboración de la estrategia sectorial de valoración de los servicios. Estos estudios cuentan con el apoyo de la Confederación Suiza a través de sus agencias de cooperación SECO y COSUDE, puntualizó.
Asimismo, señaló, que parte de las limitaciones para el cierre de brechas tiene que ver con el financiamiento y la inversión para ampliar el acceso a los servicios, en este sentido, indicó que, cuando se formuló el DL 1280, se plateó un mercado de prestación de servicios, en donde existía un monopolio verticalmente integrado, donde el prestador participa en todos los eslabones de la cadena productiva; a pesar de que no todos presentan características de monopolio natural. Con la nueva reforma que se ha planteado -a través del Decreto de Urgencia 011 del 2020-, se crea el título IX del DL 1280 a través del cual se introduce en el diseño del mercado, la posibilidad de competencia en el sistema de producción de agua y en el TAR. En este sentido, se está planteando la incorporación de la participación del sector privado en la parte de producción de agua y en la etapa de tratamiento y disposición final de las aguas residuales. “Es un esquema donde hay menos actores que en una APP, rápido y más flexible”, señaló.
Con relación al régimen especial indicó que se tienen tres elementos: i) los prestadores, a los cuales se les permite contratar el abastecimiento de agua hasta por 20 años y el abastecimiento de agua residual hasta por 6 años renovables, y se está gestionando la ampliación hasta los 18 años. ii) Las fuentes de agua, donde se plantea que un tercero puede captar volúmenes de agua que estén disponibles de las fuentes de agua superficial, subterránea, desalinizada o mediante el reúso de aguas residuales tratadas; y, por último, en términos de beneficios de los iii) usuarios, ningún prestador va realizar algún pago por el régimen especial que se implemente, hasta que el servicio esté funcionando de manera efectiva. Al respecto mencionó dos ejemplos que a la fecha se vienen implementando a través de Sedapal: el primero referido el tema de aguas residuales y la otra de captación y tratamiento de agua de mar; iniciativas con las que se espera incrementar la cobertura o la continuidad del abastecimiento.
Dentro de las características de este régimen especial mencionó que se está dando el acompañamiento y la asistencia técnica del ministerio y de la OTASS según el ámbito, la selección del proveedor se realiza a través de subastas públicas, en la cual se podría adjudicar a más de un proveedor (por ejemplo el tema del suministro de agua potable) y donde Sunass establecería el precio máximo unitario según el tipo de fuente y calidad de agua; el responsable de la calidad será el prestador del servicio, y es un esquema en donde la tecnología que se utilice sea la más adecuada y mejor, priorizando las más eficientes, impacto ambiental, costo-beneficio y de menor tiempo de implementación.
Respecto a las ventajas que ofrece este nuevo régimen especial, resaltó: i) el nuevo enfoque orientado a los usuarios, quienes recibirán el servicio primero y pagarán después; ii) la reducción de los tiempos para el cierre de brecha, contribuyendo a la lucha contra la COVID-19; iii) hace uso de la capacidad instalada y experiencia de los proveedores, iv) busca mejorar la eficiencia y minimizar los riesgos que enfrentan los prestadores del servicio, porque es asumido por el proveedor; v) se tienen tarifas competitivas a partir de un mecanismo de subastas, y vi) se promueve la inversión y la reactivación del sector. Finalmente resaltó que este nuevo régimen especial permite la incorporación del sector privado y por ello se espera que su participación ayudaría mucho al cierre de brechas.
Al cierre de la presentación los representantes de las agencias de cooperación hicieron sus comentarios y sugerencias, agradecieron la disposición del ministerio de presentar un panorama detallado de lo que se vienen ejecutando y se ha priorizado en el sector, pues ello sin duda ayudará a focalizar posibles futuros apoyos que se puedan realizar.
Puede descargar en este enlace la presentación.
