[Curso avanzado en gobernanza de aguas transfronterizas en América del Sur] El papel de los operadores de justicia en la gobernanza y gestión del agua

En el marco de la primera edición del ‘Curso avanzado en gobernanza de aguas transfronterizas en América del Sur’, jueces y expertos analizaron el contenido de la “Declaración de Brasilia de Jueces sobre la Justicia en Materia de Aguas”, documento que recoge una serie de principios encaminados a abordar presentes y futuros desafíos alrededor de la administración de los recursos hídricos del planeta.

Ecuador|  El jueves 8 de julio se llevó a cabo el seminario virtual “Declaración de Brasilia de Jueces sobre la Justicia en Materia de Aguas”, en el marco de la primera edición del ‘Curso avanzado en gobernanza de aguas transfronterizas en América del Sur’, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, mediante su Centro Andino de Estudios Internacionales; y la UICN, mediante el Centro de Derecho Ambiental y la Oficina Regional para América del Sur con el proyecto BRIDGE Andes: Construyendo diálogos para una mejor gobernanza del agua. El seminario tuvo como objetivo ampliar los espacios de diálogo y reflexión alrededor de los esfuerzos que jueces y otros operadores de justicia plantean para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el bienestar de la sociedad.

En este importante espacio se expuso el contexto y la relevancia de la Declaración (ver el documento completo aquí), la cual nace como una iniciativa de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (CMDA).  La Declaración fue presentada por una extensa representación de jueces y fiscales reunidos en el 8° Foro Mundial del Agua en Brasilia (Brasil) en 2018, de donde tomó su nombre.

A través de 10 principios, se manifiesta la importancia de hacer realidad el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento; así como también se evidencia la importancia del agua para asegurar los derechos humanos a la vida, a la salud y a una calidad de vida adecuada.

En este sentido, la Declaración refleja el compromiso del Poder Judicial para que tanto jueces y fiscales se involucren, en el ejercicio de sus funciones, a precautelar y a administrar justicia en materias vinculadas con los recursos hídricos, con un alto grado de respeto a los parámetros y “buenas prácticas” en materia de gobernanza y gestión efectiva del agua.

Stefano Burchi, quien preside el Grupo de Especialistas del Agua y Humedales de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, concluyó durante su presentación que: “La Declaración de Brasilia conlleva una proclamación muy poderosa frente, no solo a los miembros del Poder Judicial, sino también frente a los Parlamentos y Gobiernos, a los cuales les corresponde, respectivamente, adoptar leyes y aplicarlas, según las “buenas prácticas” enunciadas en la Declaración y con las preocupaciones subyacentes de la misma”.

Otro de los ponentes, Michael Hantke-Domas, Profesor de Derecho de Aguas, Universidad San Sebastián (Chile), puso sobre la mesa la consideración del papel de los operadores de justicia en situaciones de conflicto ambiental, en especial del manejo y uso del recurso hídrico: “¿Cómo deben resolver las juezas y los jueces cuando se les entrega un sujeto como el medio ambiente? Nos encontramos con la situación de que alrededor del mundo los jueces y juezas no necesariamente tienen una preparación para comprender esta realidad que es un poco distinta”.

En ese sentido, instó a que la Judicatura evite pensar en el agua como un elemento separado del ecosistema, puesto que su vinculación es completa y – a su criterio- “entenderlo de forma separada genera muchos de los problemas que vemos en la gestión de los recursos hídricos”. De esa forma, la Declaración convoca a las juezas y jueces a que se aparten de los criterios generales como el Derecho Administrativo, Civil y Penal, y comprendan que el objeto de protección (en este caso el agua) es un bien colectivo integral e intergeneracional”.

Por su lado, la Dra. Mariana Yumbay, miembro del Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari y ex Jueza Nacional del Ecuador, saludó a la Declaración como un punto de partida fundamental para el accionar del Poder Judicial, en favor de la gobernanza del agua. No obstante, exhortó a que el trabajo continúe en miras de aterrizar los principios de la Declaración de Brasilia en cada una de las legislaciones de los países, para lo cual es imprescindible el empoderamiento y la participación de todos los actores.

“Los países tienen fronteras y límites políticos pero el agua no”. Este elemento vital nos enseña a unir esfuerzos con los distintos actores, países y crear instituciones fuertes. A pesar que en esta Declaración no hay una profundización para el tratamiento de las aguas transfronterizas, sus principios son totalmente aplicables en el fortalecimiento de la diplomacia de estas cuencas. Por ejemplo, UICN ha hecho un gran aporte en la construcción de instrumentos jurídicos para el caso de Ecuador y Perú y ¿Por qué no pensar en una normativa regional que responda a la realidad social, cultural y económica de nuestros pueblos?”, expuso la Dra. Mariana Yumbay.

Otros puntos importantes del seminario virtual fueron:

  • Los criterios generales como el derecho administrativo, civil y penal no necesariamente amparan los bienes jurídicos protegidos por los derechos fundamentales.
  • No deberían permitirse acciones cuyos potenciales impactos sobre el recurso, sus servicios o ecosistemas puedan ser: no razonables, desproporcionados o excesivos en relación con sus beneficios.
  • En las decisiones judiciales: interdependencia entre el agua y otros elementos del ambiente natural (subsuelos, suelos, bosques), incluyendo las conexiones ecosistémicas relevantes.

La UICN agradece la presencia de los alumnos y docentes de la Primera Edición del ‘Curso avanzado en gobernanza de aguas transfronterizas en América del Sur’, público en general que se conectó a través del Facebook Live y la participación especial de Úrsula Parrilla, Directora Regional de la UICN para México, América Central y el Caribe; Michel Levi, Coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales en representación de César Montaño Galarza, Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador (UASB); Stefano Burchi, Director del Grupo de Especialistas del Agua y Humedales de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (WCEL); Michael Hantke-Domas, Profesor de Derecho de Aguas, Universidad San Sebastián (Chile); Diego Jara, Oficial Legal del Centro de Derecho Ambiental de la UICN, y la Dra. Mariana Yumbay, miembro del Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari y abogada litigante.

BRIDGE es una iniciativa global que promueve la buena gobernanza en cuencas transfronterizas en tres regiones del planeta: América Latina, Asia y África.  Es implementada por el Programa de Agua y el Centro de Derecho Ambiental, a través de las Oficinas Regionales de la UICN, gracias al gentil apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). En América del Sur, el proyecto realiza acciones en las 9 cuencas transfronterizas entre Ecuador y Perú; y en la cuenca del lago Titicaca, entre Bolivia y Perú.

Enlaces

Fuente: UICN / Proyecto Bridge

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