En las últimas dos décadas, los recurrentes desastres y emergencias presentados en Perú, han dejado pérdidas económicas estimadas en más de 4 mil millones de dólares. Estos eventos han afectado en mayor magnitud a poblaciones más vulnerables, no sólo por el alto nivel de exposición, sino también debido a otras condiciones sociales y económicas que agravan sus condiciones de fragilidad.

El Estado peruano ha impulsado en los últimos años importantes avances en la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, buscando su transversalización y compatibilización con la agenda del desarrollo. Actualmente cuentan con instrumentos políticos y normativos específicos para la gestión del riesgo como: la Política de Estado N° 32, la Política Nacional (PNGRD) y una Estrategia Financiera; siendo el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 (PLANAGERD) la principal herramienta para su implementación.

Sin embargo, aún hay grandes desafíos para alcanzar la reducción de la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida, siendo alguno de los aspectos críticos: la débil gobernanza de la gestión del riesgo (GRD) y la débil inclusión de la GRD en la planificación de territorio.